Una de las muchas y deplorables iniciativas
de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido la creación de una Sección
Especial de la Policía Municipal, dedicada a reprimir la expresión de ideas,
contenidos y manifestaciones públicas contrarios a su ideología. En la medida en
que se lo permite el actual sistema democrático, cierto. Pero esta medida es muy
amplia tras la institución de los delitos
de odio: en la práctica “delito de odio” puede ser cualquier expresión
contraria a la corrección política y al pensamiento único, que nos están
imponiendo discretamente y sin que casi nos demos cuenta. Desde luego existe formalmente
la libertad de expresión, vivimos en una democracia, pero poco a poco esta
libertad se recorta hasta que queda reducida a expresar insignificancias,
banalidades y debates domesticados donde todos dicen lo mismo.
Esta policía política lleva el grotesco
nombre de Unidad Para la Gestión de la Diversidad y desde que fue creada, en el
breve tiempo que ha tenido para hacer de las suyas, ha estado a la altura de
las expectativas con su acción nefasta. Una de sus últimas hazañas ha sido multar
a la feria No sólo Militaria porque a
la señora alcaldesa no le gustan algunos de los libros que allí se vendían.
Podemos imaginar con qué satisfacción la Carmena ha multado a esta feria,
considerando la urticaria que le produce todo lo que tenga que ver con el
mundillo militar o castrense. Ignoro de qué libros se trataba pero no es
difícil intuir que debían ser libros sobre la segunda Guerra Mundial, sobre el
Fascismo o quizá sobre Franco.
No lo sé porque no pude ir a la
feria. Lo que sí sé es que la voluntad de decir la verdad y de poder leerla, de
juzgar y opinar libremente sobre cualquier episodio o régimen histórico, está y
debe estar moralmente por encima de cualquier ley, democrática o no. Que ninguna
miserable lobby religiosa, ideológica o política está legitimada a impedírnoslo
y a decirnos lo que podemos o no leer. Menos aún esa lamentable aspirante a
comisario político que ocupa la alcaldía de Madrid.
Pero ésta es sólo la última
fechoría de la policía política. Otra hazaña fue la injusta y prevaricadora represión
contra el autobús de Hazte Oír, retirado de la circulación por difundir el
mensaje “Los niños tienen pene, las niñas
tienen vulva. Que no te engañen”. Mensaje en efecto inaceptable para la
repugnante ideología de género, doctrina oficial del Ayuntamiento de Madrid y
de los poderes que nos gobiernan. En aquella ocasión la Unidad de Gestión de la
Diversidad hizo desde luego honor a su nombre: gestionó muy apropiadamente la
diversidad de pensamiento prohibiendo circular al autobús de la verdad.
Otro de sus cometidos es cerrar
la boca a todo el que se oponga a la invasión de inmigrantes ilegales, ya sea presentada
como acogida a refugiados o de cualquier otro modo. La directiva impartida es clara:
nadie que se oponga a la invasión debe poder expresarse públicamente. En esta
línea, existe una investigación abierta contra una asociación cuyo mensaje era refugees not welcome, con la motivación
de que puede constituir un delito de
odio. Una vez más aflora el delirio liberticida de esta gente, como una
pústula llena de fluidos inmundos que revienta. Nos quieren quitar, también, la
libertad de dar o no la bienvenida a quien mejor nos parezca, de oponernos a
una colonización demográfica de nuestra tierra y a una criminal política de
puertas abiertas para todos.
Cualquier discurso o posición
contraria al pensamiento único, a las directrices impuestas desde arriba y que nuestros
gobernantes tienen la orden de ejecutar, debe ser perseguida como delito de odio.
Para esto sirve la grotesca
Unidad de Gestión de la Diversidad. Una odiosa Unidad de Policía Política para
reprimir a quienes defienden la patria, la salud y la decencia, en nombre de la
anti-España, la degeneración y la indecencia erigidas en ideología oficial.
MAX ROMANO
MAX ROMANO
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